El gobierno de Colombia ha lanzado un decreto para la implementación de Open Banking en el país. A través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hizo de conocimiento general las modificaciones al decreto 2555 de 2010 sobre lo relacionado a la regulación de las finanzas abiertas. 

En el nuevo decreto, se establece que el sistema financiero atraviesa por un proceso de transformación profunda y que se enfrenta a una dinámica competitiva distinta, con mayor necesidad de actores y de necesidades digitales.

Por ello, señala que es necesario ampliar el portafolio con servicios de tecnología e infraestructura que permita a las empresas agregar valor y fortalecer su competitividad.

Así se lee en los primeros párrafos del decreto:

“Que en línea con los estándares internacionales, las finanzas abiertas contribuyen a promover la competencia, la inclusión y la eficiencia en la prestación de servicios, en la medida que permite a las entidades financieras perfilar mejor a los usuarios y desarrollar estrategias y alianzas con entidades de otros sectores.”

La banca abierta, cuyo objetivo es aumentar la competencia y la innovación en los servicios financieros, implica el uso de interfaces de programación de aplicaciones (API) abiertas para permitir que los desarrolladores externos (empresas fintech) creen aplicaciones y servicios. Los países de todo el mundo están adoptando diferentes enfoques y velocidades en su implementación.

Colombia y el Open Banking

En Colombia, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) del gobierno, que forma parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, está ejecutando una serie de estudios públicos: eventos del sector privado para ayudar a definir y refinar su enfoque planificado.

La iniciativa de banca abierta complementa otras iniciativas de la URF, como una modernización más amplia del sistema de pagos del país. El objetivo general es crear un marco regulatorio que fomente la digitalización y la innovación en todos los servicios financieros.